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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, PRINCIPAL DESAFÍO PARA LA NUEVA ETAPA DE GOBIERNO EN MÉXICO




El reciente proceso electoral en México ha concluido, los debates terminaron y comienza una nueva etapa digital. Se eligieron a más de 3,400 cargos públicos, ello abre la posibilidad a la formación de un gobierno con un amplio margen de maniobra para la atención de temas aplazados en materia de innovación tecnológica.

Es de suponer que las prioridades del próximo gobierno se encuentran centradas en materia legislativa, donde priva la ausencia de una regulación de plataformas de video por Internet, la privacidad de datos personales, el Internet de las Cosas y la Neutralidad de la Red, abundó Manuel Redondo, director para México de Fira Barcelona, responsable de la organización del Smart City Expo LATAM Congress.

Sin duda, se va a requerir de un esfuerzo conjunto entre el estado, industria, usuarios y academia para materializar las asignaturas pendientes en la siguiente administración y subrayó, Gobierno abierto y fortalecimiento institucional son pilares temáticos que se pondrán en la agenda de discusión de la edición 2018 de Expo LATAM Congress que se realizará en Puebla.

No se debe olvidar que en 2013, como consecuencia de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se hizo un agregado al artículo 6º, el cual dice: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet”, agregó Manuel Redondo, líder del Congreso de Ciudades Inteligentes.

Destacó que recientemente, países como Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay, han diseñado instrumentos de política pública, regulaciones y procesos de licitación que garantizan el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones.

México no se encuentra ajeno a esta tendencia en la región, la inclusión digital representa un conjunto de acciones proyectadas en medidas regulatorias y política pública, que obliga a los órganos del Estado a garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a las tecnologías de la información con la cobertura universal.
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