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Ni el ser una Área Protegida Decretada por el gobierno federal ha impedido la degradación de la zona, a lo cual investigadores atribuyen que se haya generado un aumento en la temperatura promedio y la liberación a la atmósfera de 270 mil toneladas de dióxido de carbono entre 1986 y 2002
CLANDESTINOS. Hay familias en un supuesto día de campo o gente en una bicicleta, aparentemente sin hacer nada, que aprovechan para tirar árboles, dicen (Foto: )
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Miércoles 20 de octubre de 2010Alberto Cuenca | El Universal
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SAN ISIDRO BUENSUCESO, Tlax.— A unos 2 mil 900 metros de altura, en la ladera sur del volcán La Malinche, la depredación del bosque se extiende hacia cualquier lugar donde se fije la mirada. Por doquier hay huellas de la rapiña, como los tocones de encinos, pinos y oyameles que se cuentan por decenas, además de cortezas de árbol y ramas que, para los talamontes, no tienen ningún valor comercial.
Los lugareños le llaman a esta zona el Paraje Tepechco. Aquí el aserrín que dejan las motosierras se extiende como un manto de color amarillo que cubre pastos y arbustos. Cuando se sequen el aserrín, las ramas y las cortezas, se convertirán en el combustible que potenciará los incendios forestales característicos de este parque.
El fuego es uno de los tantos enemigos de esta reserva forestal. De acuerdo con un estudio de la doctora Lourdes Villers, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, de 1995 a 2008 se registraron 2 mil 19 incendios forestales que afectaron 6 mil 32 hectáreas de bosque, un 13% del territorio de esta reserva.
El documento establece que de las 45 mil 805 hectáreas de bosque que integraban el parque nacional en 1938 —año en el que Lázaro Cárdenas declaró al volcán como área natural protegida—, para 2004 sólo quedaban 22 mil 193. Las otras 23 mil 612 hectáreas fueron para la agricultura, al pastoreo y los asentamientos humanos.
Para la investigadora, lo que sucede en este volcán es reflejo de lo que pasa en otros bosques como en el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba, las Lagunas de Zempoala en Morelos, o el Desierto de los Leones en el Distrito Federal, donde la actividad humana ha degradado el ecosistema y propiciado un grave deterioro ambiental.
Varios académicos han señalado con insistencia y desde distintos ángulos las consecuencias de deforestar La Malinche. Otro estudio, de Miguel Ángel Valera Pérez, investigador del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dio a conocer que la degradación del bosque natural y del suelo en esta reserva provocó un aumento de la temperatura promedio en la región, de 0.8 grados entre 1995 y 2005.
El estudio del profesor Valera abarcó el análisis cartográfico de 11 mil 390 hectáreas de bosque que presentaban una severa degradación biológica. El investigador calculó que por la depredación de esa área se liberaron a la atmósfera al menos 270 mil toneladas de dióxido de carbono entre 1986 y 2002.
El escenario a futuro no es nada halagador si se mantiene el nivel de depredación de La Malinche. El investigador Miguel Ángel Valera explica que una investigación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) alertó sobre un incremento de 4.53 grados en la temperatura media de verano en la región y para los siguientes 80 años, además de una disminución de 1.17 milímetros en la precipitación promedio anual para el mismo periodo.
Se pasan la bolita
En La Malinche hay gran cantidad de veredas y caminos de terracería que suben a lo que queda de esta reserva. Esas vías sirven para extraer a diario tablones y polines, leña para hacer carbón y tierra de monte. Para quien conoce la montaña no resulta nada complicado ingresar en una camioneta y salir cargado con la materia prima sin ser detectado, y menos cuando la vigilancia es insuficiente o nula.
Los propios vecinos de la zona acusan que las casetas de vigilancia instaladas en el bosque suelen estar vacías o atendidas por una sola persona que ni siquiera está armada. En un proyecto de conservación del volcán La Malinche que elaboró el gobierno de Tlaxcala se estima que hay al menos 151.8 kilómetros de brechas y caminos que facilitan el acceso al área.
Ninguna autoridad federal, estatal o municipal pudo o quiso detener la devastación del quinto parque nacional más extenso del país, cuya zona de influencia abarca 30 municipios de Tlaxcala y Puebla, así como 236 poblaciones en las que viven más de 427 mil personas, eso sin contar a la ciudad de Puebla de los Ángeles que, como el resto de los municipios, depende de la lluvia generada en La Malinche para recargar los mantos acuíferos y abastecerse de agua.
Entre las autoridades consultadas, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Coordinación General de Ecología de Tlaxcala, la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), fue común que se responsabilizaran unas a otras por el deterioro del volcán La Malinche, la escasa vigilancia y las deficiencias presupuestas para emprender acciones con el fin de solucionar el problema en la zona.
De parte de la Profepa se acusó a los municipios de ser omisos y permisivos en su tarea de vigilancia; las autoridades de ecología de Tlaxcala exigieron a la Profepa que realice sobrevuelos y operativos constantes; las autoridades de Puebla dijeron que el apoyo económico que reciben del gobierno federal es escaso, mientras que en la Conafor argumentaron que no es la Federación la única responsable y se pidió a las entidades involucradas compartir esfuerzo y dinero.
En lo que coincidieron todas las autoridades es en la carencia de un diagnóstico reciente sobre la deforestación del bosque y sus efectos ambientales. Los inventarios forestales que están disponibles en la página de internet de la Comisión Nacional Forestal no se encuentran actualizados y ofrecen información general, sin que se pueda consultar por entidad o por parque nacional. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ni siquiera respondió un cuestionario que se le envió.
Mientras la depredación avanza, las autoridades de Puebla y Tlaxcala han tardado más de una década en emitir el Plan de Manejo y Conservación de este parque nacional que definirá estrategias, metas y programas a desarrollar para salvar al bosque nacional.
El director poblano del parque nacional, Amado Fernández, estima que todavía falta mucho tiempo para tener el documento, pues el borrador lleva meses de revisión en el escritorio de las autoridades federales y después de eso se tienen que hacer consultas públicas del proyecto.
El único de los entrevistados que rechaza la depredación del bosque es Amado Fernández; dice que del lado de Puebla la tala se ha detenido a un 100% en ejidos como el de Amozoc y que incluso se ha recuperado frontera forestal. Asegura que por las labores de vigilancia emprendidas por su administración ni siquiera los recolectores de leña suben al monte. Según su reporte, en el último lustro se han recuperado mil 600 hectáreas de suelo boscoso y se han plantado al menos 500 mil árboles cada año.
Focos rojos, por tala clandestina
En la ladera sur del volcán hacen frontera los estados de Tlaxcala y Puebla. Desde febrero de 1996 ambas entidades tienen bajo su responsabilidad la administración del parque nacional La Malinche. Al primero de esas entidades le corresponde 70% de ese territorio y al estado de Puebla el otro 30%.
A escasos cinco kilómetros más abajo de donde empieza la zona boscosa y divididos por una pequeña barranca se localizan los pueblos de San Isidro Buensuceso, del lado de Tlaxcala, y San Miguel Canoa, en Puebla.
Para el delegado de la Profepa en Tlaxcala, Ramiro de la Cruz Díaz, esa región es uno de los focos rojos por la intensa tala clandestina que involucra a los habitantes de ambas comunidades, a personas que se ostentan como propietarios de las áreas protegidas y redes bien estructuradas de talamontes que han acabado con la mitad del área forestal de esa zona.
Ramiro de la Cruz explica que esos grupos están armados y tienen células de vigilancia en todos los caminos por los que se accede a la zona de tala. El funcionario recuerda que hace cuatro años, durante un operativo organizado para detener a talamontes, habitantes de San Miguel Canoa y de San Isidro Buensuceso le cerraron el paso al convoy de las autoridades; lanzaron palos, piedras y disparos hacia los vehículos oficiales; quemaron una camioneta de la Agencia Federal de Investigación y liberaron a un detenido.
“Hemos encontrado la organización de familias y de grupos que asisten en determinados días de la semana, que están alertas, que están comunicados y tienen señales especiales para advertir a los que están arriba. Hay familias en un supuesto día de campo o gente en una bicicleta, aparentemente sin hacer nada; hay vehículos avisando”, detalla De la Cruz.
La Unidad de Investigación de este diario accedió a la zona de tala que se ubica entre Tlaxcala y Puebla en compañía de habitantes de San Isidro Buensuceso y de San Miguel Canoa. Durante el ascenso es frecuente encontrar a personas sentadas al lado del camino o “laborando” en el aplanado en una pequeña franja de brecha, labor que pareciera infructuosa pues la mala condición de la terracería se extiende por decenas de kilómetros. Los vecinos del lugar explican que son los grupos de vigilantes.
La extracción de materia forestal que realizan esas personas va más allá de los usos y costumbres permitidos por las autoridades, como la recolección de leña para combustible de cocinas y baños, dice el funcionario de la Profepa.
“El Código Penal federal establece que si una persona lleva más de cuatro metros cúbicos de madera sin los permisos correspondientes será remitido al Ministerio Público, pero cuando la carga es menor es remitido a la Profepa, donde se le asegura el producto y recibe sólo una sanción administrativa. Entonces, lo que la gente hace para evadir la prisión es trasladar menos de cuatro metros cúbicos, en un esquema de tala hormiga pero intensiva”, explica el funcionario Ramiro de la Cruz.
Entre 2004 y septiembre de 2010 la Profepa-Tlaxcala ha realizado más de 130 acciones de inspección, operativos, retenes y sobrevuelos en el parque La Malinche. En ese periodo sólo 34 personas fueron detenidas, aunque a decir del delegado de la dependencia, “la acción punitiva por sí misma no resolverá el problema de tala ilegal, porque hay un conflicto económico, de empleo en la región”.
El parque nacional de La Malinche parece tener muchos enemigos, pero uno de ellos, el que quizás ha provocado el mayor daño es la pobreza, pues la falta de empleo y oportunidades han hecho que los habitantes de los pueblos cercanos miren al bosque como fuente de ingresos.
En el proyecto de manejo y conservación del volcán que elaboró el gobierno de Tlaxcala se calcula que 145 mil personas integran la población económicamente activa que vive en la zona de influencia del parque nacional protegido. De ésta, 14 mil no perciben ningún ingreso; 22 mil 300 sobreviven con un salario mínimo al día y 55 mil 800 tienen ingresos de entre uno y dos salarios mínimos diarios. Ellos son factores de presión para el bosque.
Las razones de talar árboles
Mientras se avanza por uno de los caminos que suben al bosque considerado como protegido, el ruido de una sierra rompe el silencio. Hay talamontes a escasos 500 metros.
Román, un indígena náhuatl de 36 años es quien manipula la motosierra. En la labor participan su esposa e hija menor, como vigilantes, y su hijo de 15 años, a quien le corresponde medir y marcar el enorme tronco de un pino que se convertirá en tablones.
Román apaga la motosierra cuando ve que se acercan personas. Él no reacciona con violencia, pero sí su esposa, quien exige no tomar imágenes. Entre el grupo que llega al lugar van también los habitantes de San Isidro Buensuceso y de San Miguel Canoa. Ellos son vecinos de Román y lo convencen para que, en entrevista, dé sus razones que lo llevan a talar árboles.
Él y su esposa no estudiaron ni la primaria. La mitad de sus seis hijos no van a la escuela, pues no les alcanza el dinero. Sin preparación, él sólo ha obtenido empleo como ayudante de albañil en Puebla, con un salario semanal de 500 pesos.
También ha laborado como jornalero en las campañas de reforestación y zanjeo del bosque que suelen organizar autoridades de los estados, pero se queja de que no es permanente.
“Si quieren que estas cosas se dejen que nos den un trabajo, ahora sí, permanente, no nada más un año, dos años, tres años. Nos engañan. Nosotros queremos trabajo permanente para sacar adelante a nuestros hijos”, dice el hombre.
Luego interviene su esposa: “La diferencia es que acá él no gasta pasaje. No tiene que comprar la comida en la ciudad. Como yo le digo a él, ya nada más trabajas para ti solito, porque antes si traía 600 pesos para el lunes ya me estaba pidiendo para el pasaje, o para comprar el agua o la comida o lo que fuera”.
Román dice que muchos de sus vecinos han hecho lo mismo, utilizar los árboles para subsistir, y aunque él sube cada tercer día al bosque rechaza ser un talamontes. Dice que no derribó ese enorme pino que ya ha sido seccionado en tres y del que este señor ha comenzado a sacar tablones perfectamente cortados, con medidas de 2.50 metros por 40 centímetros.
“Vine porque el dueño de este terreno me vendió el árbol que otra persona ya había tirado. Pagué 700 pesos por él y con la madera voy a construir una cocina en mi casa”, afirma Román, aunque los habitantes de San Isidro y de Canoa aseguran que los tablones elaborados por este indígena tienen el corte que se necesita para vender cada pieza en 200 pesos en los municipios aledaños. De ese pino, afirma sacará por lo menos unos 20 tablones.
Sobre los sitios de venta de esta madera, Juan Carlos López, subdelegado de Inspección en Recursos Naturales de la Profepa en Tlaxcala, explica que el material extraído se utiliza sobre todo para la construcción.
El subdelegado Juan Carlos López expone que son muchos y complejos los factores que inciden en la degradación de La Malinche y uno de ellos tiene que ver con la tenencia de la tierra, pues cuando el general Lázaro Cárdenas emitió el decreto de parque nacional para La Malinche, estableció que las propiedades privadas incluidas en la declaratoria quedarían intactas.
“Lo que hoy es cierto es que el gobierno federal no posee ni un metro cuadrado de esa reserva y muy probablemente quienes se dicen dueños están en lo cierto, sólo que sus documentos no están actualizados, pues nos llegan a mostrar papeles rotos e ilegibles, lo que trae muchas consecuencias, pues autoridades como la Conafor que tienen recursos económicos para el manejo de los bosques exigen comorequisito demostrar la cabal propiedad de esas tierras”, detalla.