miércoles, 21 de junio de 2017

Con la anuencia de Mancera, ADO expande sus dominios en San Lázaro


La expropiación del mercado San Lázaro-Tapo. Foto: David Deolarte


publicado en PROCESO


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la tendencia del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera de poner en manos privadas los espacios públicos de la ciudad, se añade un capítulo más: la expropiación del mercado San Lázaro-Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (Tapo).

Dicho espacio era ocupado por 250 locatarios que desde 2011 denunciaron que la empresa Autobuses De Oriente (ADO) mantenía encuentros con altos funcionarios del gobierno local para quedarse con el terreno, hecho que finalmente sucedió.

El pasado 3 de abril, la Secretaría de Gobierno capitalino que encabeza Patricia Mercado, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto que formalizó la adquisición y expropiación del terreno ubicado entre Calzada Ignacio Zaragoza y Eduardo Molina, delegación Venustiano Carranza, con el argumento de que se trata de una política de reordenamiento de las Centros de Transferencia Modal (CETRAMs) en toda la capital.

Con actos de violencia y vandalismo, la madrugada del mismo lunes 3 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de Servicios Urbanos y de la propia Secretaría de Gobierno retiraron los puestos metálicos de la pasarela que conecta la línea B y la 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, los comercios sobre la banqueta de la calle Eduardo Molina y a los vendedores de la plaza ubicada en el polígono 5.

Al día siguiente Patricia Mercado arguyó que el comercio ambulante y el descuido del mercado provocaban robo a transeúntes, narcomenudeo, venta de cerveza, prostitución, obstrucción al libre tránsito, y contaminación visual en general; “una situación que ya era incontrolable”, según advirtió del delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno.

Si bien son ciertos los ilícitos expuestos por la funcionaria –mismos que además habían sido denunciados desde la administración pasada por los propios comerciantes—, también lo es el que ADO es el autor del único proyecto conceptual de remodelación de la CETRAM de San Lázaro que hasta el momento tiene el gobierno capitalino.

ADO, la segunda empresa transportista más importante de México y quien además ha ganado otras concesiones en la ciudad –como los autobuses de la línea tres del Metrobús— planea la construcción de un centro comercial que incluye un hotel, tiendas de lujo, fácil acceso al transporte, pero en cuyos planes no tienen cabida los comerciantes.

Además de las retribuciones económicas que la construcción de un proyecto de esa magnitud implica –tomando en cuenta que estaría localizada en un espacio donde convergen dos líneas del metro, dos líneas del Metrobús, una central camionera, y transporte público en general—, la insistencia de la permisionaria de autobuses también se explica por dos hechos: en San Lázaro se encuentra la sede principal de esta empresa y en la TAPO 80% de las líneas camioneras le pertenecen.

Otro ingrediente fundamental es que la empresa que dirige Juan Carlos Uriarte también forma parte de la TAPO, empresa privada que opera con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1979; dentro de la terminal tiendas de comida y cafeterías también están bajo la firma del Grupo ADO.

El gobierno local no niega la participación de la empresa con más de mil 500 destinos a nivel nacional, por el contrario, asegura que la “ley le otorga preferencia” por ser de los únicos con la capacidad económica para absorber los riesgos de semejante obra, según palabras del exsubsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa y de la propia secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.

A la fecha Patricia Mercado insiste en que los comerciantes sí serán incluidos “de alguna forma” en el proyecto de remodelación, sin embargo, a más de un mes del desalojo las más de 300 familias continúan sin esa fuente de ingresos y ya circula una copia de un “Contrato de fideicomiso irrevocable y fuente de pago”, mediante el cual ADO prácticamente les “compraría” la plaza.

Desalojo anunciado

La noche del domingo 2 de mayo, 400 elementos de la SSP capitalina, personal de Servicios Urbanos y de la Secretaría de Gobierno retiraron los puestos comerciales fijos y semifijos de las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente.

Por más de cinco horas grúas, retroexcavadoras y equipo de volteo, arrasaron con los 252 locales que desde hace 24 años –al menos en el caso del mercado– ofrecían productos varios a lado de la terminal.

En el evento, se cometieron un sinnúmero de irregularidades.

Según documentales gráficas en poder de esta apro, los logotipos y las placas de las camionetas de las secretarías fueron tapados y personal de limpia hurtó parte de la mercancía e inmobiliario de los despojados.

Además, la edición digital del periódico La Jornada reportó que en el desalojo los uniformados se presentaron sin que mediara juicio de por medio, -aun cuando había gente dentro del mercado-, sin mostrar una orden judicial y hasta se informó de la detención arbitraria de cuatro personas.

La posibilidad de la expropiación del terreno para la construcción de una plaza comercial ya había sido anunciada, pero no precisamente por la autoridad local o delegacional.

EL 12 de agosto de 2011, Mario García Ramírez, representante administrativo de los comerciantes del mercado San Lázaro-TAPO, dirigió un escrito al entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, en el que denunciaba que fuentes extraoficiales ya advertían de los planes de construcción de una plaza comercial que ocuparía el terreno de los locatarios.

En la copia del documento que posee este semanario los comerciantes aprobaban y aplaudían la infraestructura; sólo tenían una demanda: que fueran incluidos en el citado proyecto.

No hubo respuesta.

Un año después, una denuncia de García Ramírez a Luis Armando González Plasencia — entonces ombudsman de la capital– daba cuenta de que el subsecretario de Políticas Públicas del Gobierno del Distrito Federal, Alberto Esteva Salinas, mantenía reuniones privadas con los representantes de ADO para la aprobación y puesta en marcha del proyecto y acusaba al funcionario capitalino organizar una “expropiación forzada”.

Por esta razón, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) emitió la queja CNDHDF/III/122/VC/12/D6207 en la pedía a la subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública un informe en el que hiciera explícito sí esa dependencia tenía contemplada la expropiación.

El 24 de octubre de 2012, Héctor Antuniano González aseguró: “le informo que esta subsecretaría a mi cargo no tiene proyectada ninguna expropiación u obra de ninguna especie en dicho polígono 5”. Con su respuesta negó los encuentros, y los planes comerciales de ADO y su plaza; contradictoriamente en mayo del 2017, la sustracción del inmueble se llevó a cabo.

Ese lunes 3 de mayo, en un nuevo escrito dirigido a Perla Gómez Gallardo, actual presidenta de la CDHDF, Mario García Ramírez deploró la expropiación, sostuvo, su única petición como comerciantes había sido ser partícipes del proyecto.

Y subrayó que, en lugar de atender su llamado, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, “se concretó a armar la carpeta de expropiación de nuestro inmueble”, así como de solicitar a las secretarías de Finanzas, General de Patrimonio Inmobiliario, Medio Ambiente, Movilidad y a la dirección General de CETRAM, entre otras, la opinión favorable del proyecto.

La querella fue comprobada luego de que, en entrevista telefónica con apro, el jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno, indicara que en oficio de 7 de febrero de Jesús Gutiérrez solicitó su opinión a favor de esta obra en la CETRAM.

“A mí lo único que me pidieron fue mi opinión favorable: por su puesto que la di porque como jefe delegacional estoy a favor de activar la economía dentro de la delegación, de generar seguridad, mejor vialidad”, dijo el funcionario.

A más de dos meses de los hechos, la respuesta del gobierno central ha sido mínima. Desde el 5 de mayo, los locatarios del antiguo mercado de la TAPO no han recibido indemnización alguna y tampoco han sido reubicados. El gobierno de la ciudad sólo les entregó un “recurso emergente” por las obras, no la indemnización por expropiación.

Por su parte, la delegación Venustiano Carranza se deslindó del asunto al argumentar que son obras del gobierno central; el próximo encuentro con la secretaria de gobierno está planeado para finales del mes.

Las empresas preferentes de la capital

Según decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 1993, el mencionado terreno de siete polígonos en San Lázaro fue donado al gobierno del Distrito Federal por la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con el mismo documento, el terreno de 3 mil 82 metros cuadrados que ocupaba el mercado de la TAPO, fue una concesión de la misma secretaría al Banco Nacional del Comercio Interior (BNCI) –institución que arrastra desórdenes administrativos graves y un opaco procedimiento de liquidación desde el 2000, según documentó este semanario Proceso—.

La Secretaría de Desarrollo Social estipuló que en el inmueble se construiría un mercado para los comerciantes informales de la antigua vía pública de San Lázaro; desde entonces se consolidó un fideicomiso (421-6) mediante el cual los locatarios se establecieron en el mercado.

Luego de la expropiación, los comerciantes y las autoridades capitalinas efectuaron mesas de trabajo, sin embargo, en ninguno de los encuentros se aclaró de qué forma se incluiría a los locatarios en el proyecto de ADO.

El 26 de febrero de 2016, en una reunión que mantuvieron Mario García Ramírez, su hijo — del mismo nombre– y el entonces subsecretario de gobierno Juan José García Ochoa, el funcionario aseguró que el proyecto de ADO traería beneficios a la delegación, pero aclaró que el único problema es que “no considera la parte de ustedes”.

Textualmente les dijo:

“A nosotros como gobierno nos interesa que arregle CETRAM y nos genere soluciones a la parte de vialidad externa, ese es, digamos, el beneficio para la ciudad. Si el privado invierte en eso va a pedir a cambio que le den una forma en la que él pueda hacer una explotación, por eso requiere espacios, para hacer otros desarrollos que ustedes ya conocen, su proyecto. La pregunta es cómo los insertamos a ustedes (comerciantes) ahí”.

Luego abundó: “Opciones no hay muchas. Una es rehacer el mercado en un primer nivel y que en los siguientes se manejen los otros proyectos; la segunda es reubicar en otra zona el comercio; la otra es la que plantea ADO: una indemnización, o sea, como que comprarles la plaza. Son alternativas y variantes que pueda haber”.

Pese a que en esa reunión el exsubsecretario también indicó que ciertas condiciones se impondrían, que “no se ejecutarían los planes que ADO quisiera”, el 3 de mayo el terreno se expropió, no hubo acuerdo con los comerciantes y ya circula una copia del “Contrato de fideicomiso irrevocable y fuente de pago”, misma de la que Proceso tiene copia.

Otra de las irregularidades que se cometieron y que demuestran la ejecución del proyecto comercial a toda costa, es que los comerciantes de San Lázaro denunciaron desde el 2011 que eran víctimas de robo, narcomenudeo, venta de cerveza, prostitución y hasta carencias de servicios públicos – alumbrado y drenaje, principalmente-.

A pesar de la carta-denuncia enviada a Marcelo Ebrard, no hubo apoyo a los locatarios; sin embargo, en el decreto expropiatorio dicho ambiente de ilícitos sirvió de argumento principal para ejecutar la incautación.

Cuestionado al respecto, el delegado Israel Moreno contestó: “Nosotros como delegación no tenemos la fuerza pública, un contingente grande de seguridad; es muy complicado atender cuando nos piden este tipo de tareas. Prácticamente esto estaba rebasado, no lo podía hacer yo”.

Otro punto controvertible es que la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente arrancó una serie de acciones en contra del mercado, la más significativa, la instalación de torniquetes sobre el Túnel No.1 de la TAPO, para impedir la entrada directa de transeúntes al mercado. A pesar del dictamen de protección civil, éstos no se retiraron.

Grupo ADO es una empresa dedicada principalmente al transporte de pasajeros, turístico y cultural en México; domina el mercado del sur y oriente del país con líneas como Autobuses Unidos, ADO, ADO GL, ADO Premier, ADO Platino, Cristóbal Colón, SUR, Volcanes, Cuenca, Grupo Texcoco, Estrella de Oro, OCC, Diamante, y Pluss.

Además, en el sector turístico posee AUTOTUR (transporte turístico y de grupos especialistas para empresas y escuelas), Autobuses Rápidos de Zacatlán, mejor conocido como Turibus, con concesión para operar en la CDMX hasta el 2020. En el sector de cafeterías, también es accionista de Cielito Querido Café.

En 2010 el gobierno capitalino le otorgó la concesión por 10 años a la empresa para operar la Línea 3 del Metrobús (Tenayuca-Etiopía), en sociedad con los transportistas de la línea 1, 3 y 88.